Introducción
La Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) 2025, presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social en alianza con la Universidad de Antioquia, constituye, sin lugar a dudas, uno de los ejercicios de investigación en salud mental más rigurosos y ambiciosos jamás realizados en Colombia, con una cobertura del 94,1 % y la participación de 110.842 personas en los 32 departamentos del país (Ministerio de Salud y Protección Social y Universidad de Antioquia, 2026). Entre sus hallazgos sobre oportunidad y continuidad de la atención, la encuesta reportó que el 40,4 % de las personas que buscaron atención en salud mental esperaron menos de una semana para su primera cita, que un 30,4 % adicional esperó entre una y cuatro semanas, y que la continuidad general de la atención alcanzó un notable 83,1 %, con cifras incluso más altas en zonas rurales (45,4 %) que en zonas urbanas (30,7 %) para la atención en menos de una semana (Ministerio de Salud y Protección Social y Universidad de Antioquia, 2026).
Estos hallazgos, leídos de manera aislada, sugerirían que el sistema de salud mental colombiano funciona, en términos de oportunidad y continuidad, considerablemente mejor de lo que la percepción pública y la litigiosidad del sistema de salud en general parecen indicar.
Sin embargo, existe otra fuente de evidencia, igualmente oficial y igualmente rigurosa en su metodología, que ofrece un panorama sustancialmente distinto: el informe de la Defensoría del Pueblo, presentado en abril de 2026 con base en datos de la Corte Constitucional, según el cual se interpusieron 1.003.147 acciones de tutela por vulneración del derecho fundamental a la salud entre enero de 2020 y agosto de 2025, con un incremento del 34,1 % en 2024 respecto al año anterior y una proyección de cerca de 312.500 casos para 2025 (Defensoría del Pueblo, 2026). De estas tutelas, las citas con especialistas encabezan los motivos de reclamación, con 71.455 casos equivalentes al 26,4 % del total, seguidas de cerca por motivos relacionados con la oportunidad, la integralidad y la continuidad de la atención médica (Defensoría del Pueblo, 2026).
Este artículo busca poner en diálogo crítico, pero respetuoso, estas dos fuentes de evidencia. No es su propósito invalidar el trabajo metodológicamente sólido de la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Salud, que la academia colombiana debe reconocer y celebrar, sino señalar, con el rigor que exige cualquier análisis serio, que existen tensiones entre lo que la ENSM 2025 reporta sobre oportunidad y continuidad de la atención en salud mental, y lo que la realidad estructural del sistema de salud colombiano —documentada por una fuente oficial distinta y por la disponibilidad objetivamente escasa de especialistas en el país— sugiere sobre el acceso efectivo a esa misma atención.
Desarrollo
1. Lo que dice la ENSM 2025 sobre oportunidad y continuidad
Antes de plantear cualquier tensión, es necesario presentar con precisión y honestidad los hallazgos de la encuesta. Según la ENSM 2025, el tiempo de espera para la primera atención en salud mental se distribuyó así: un 40,4 % de las personas esperó menos de una semana, un 30,4 % esperó entre una y cuatro semanas, un 19,1 % esperó entre uno y tres meses, y un 10,2 % esperó más de tres meses (Ministerio de Salud y Protección Social y Universidad de Antioquia, 2026). La encuesta encontró, además, que la atención en menos de una semana fue más frecuente en zonas rurales (45,4 %) que en zonas urbanas (30,7 %), un hallazgo que los propios investigadores atribuyeron a posibles avances derivados de procesos de descentralización, fortalecimiento territorial de la oferta y modalidades extramurales de atención (Ministerio de Salud y Protección Social y Universidad de Antioquia, 2026).
En cuanto a la continuidad de la atención, la encuesta reportó una cifra general del 83,1 %, con variaciones regionales que van desde un 75,9 % en la región Pacífica hasta un 88,5 % en la región Central, pasando por un 83,7 % en Bogotá, un 82,1 % en la región Oriental, un 81,9 % en la región Atlántica y un 77,5 % en Orinoquía y Amazonía. La continuidad fue particularmente alta en el grupo de 7 a 11 años (84,1 %) y en el de 60 años o más (86,4 %) (Ministerio de Salud y Protección Social y Universidad de Antioquia, 2026).
Estas son cifras que, presentadas sin más contexto, describirían un sistema de salud mental con un desempeño notablemente superior al que la conversación pública colombiana suele atribuirle.
2. Lo que dice la Defensoría del Pueblo sobre el derecho a la salud en general
Frente a este panorama, conviene contrastarlo con la información más reciente disponible sobre la judicialización del derecho a la salud en Colombia. La Defensoría del Pueblo, en un diagnóstico presentado en abril de 2026 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con base en datos de la Corte Constitucional, reveló que entre enero de 2020 y agosto de 2025 se interpusieron 1.003.147 acciones de tutela por vulneración del derecho fundamental a la salud en Colombia (Defensoría del Pueblo, 2026). La progresión anual es, en sí misma, elocuente: de 81.736 tutelas en 2020, la cifra ascendió a 92.372 en 2021, 156.357 en 2022, 197.737 en 2023, 265.173 en 2024 y una proyección de 314.658 para 2025, lo que representa un incremento del 34,1 % entre 2023 y 2024, y un aumento adicional cercano al 18 % entre 2024 y 2025 (Defensoría del Pueblo, 2026).
Más relevante aún para el objeto de este artículo es la composición de esas tutelas. Según la Defensoría, las citas con especialistas encabezan los motivos de reclamación judicial, con 71.455 tutelas equivalentes al 26,4 % del total entre 2020 y 2025, seguidas de medicamentos (63.943 casos), transporte y viáticos (57.718 casos), hospitalización (53.317 casos), tratamiento integral (47.313 casos) y cirugías (44.653 casos) (Defensoría del Pueblo, 2026). La propia defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fue explícita en su diagnóstico: “un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención” (Defensoría del Pueblo, 2026).
Resulta significativo que las palabras textuales del diagnóstico de la Defensoría mencionen, de manera explícita, precisamente los dos conceptos: oportunidad y continuidad, que la ENSM 2025 reporta con cifras tan favorables para la salud mental en particular.
Un dato adicional refuerza la magnitud del fenómeno: la Defensoría reporta que el 74,3 % de las tutelas en salud presentadas fueron concedidas por los jueces, lo que implica que en casi tres de cada cuatro casos existía, según criterio judicial, una vulneración real y demostrable del derecho a la salud (Defensoría del Pueblo, 2026). Este no es un dato menor para el análisis: una tasa de concesión tan alta sugiere que la judicialización masiva del derecho a la salud en Colombia no corresponde a litigiosidad infundada, sino a fallas reales y verificadas en el sistema.
Que una fuente oficial hable de 'fallas en la oportunidad y la continuidad de la atención' como motivo central de más de un millón de tutelas, en el mismo periodo en que otra fuente oficial reporta una oportunidad del 40 % en menos de una semana y una continuidad del 83 %, no prueba que alguna de las dos esté equivocada. Pero sí exige preguntar por qué dos retratos del mismo sistema, hechos con rigor, se ven tan distintos.
3. La escasez de psiquiatras en Colombia: el dato que toda lectura de oportunidad debería contemplar
Para evaluar la plausibilidad de una cifra de oportunidad como el 40,4 % en menos de una semana, resulta indispensable contrastarla con la disponibilidad real de especialistas en salud mental en el país. Según declaraciones del vicepresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, con corte a agosto de 2022, el Ministerio de Salud reportó la existencia de 1.283 psiquiatras en todo el territorio nacional, de los cuales solo 88 eran psiquiatras infantiles, lo que equivale a un psiquiatra por cada 38.000 habitantes en un país de aproximadamente 50 millones de personas (Semana, 2022). Otras fuentes gremiales, en años distintos, han reportado hasta 152 psiquiatras infantiles certificados, aunque con apenas 59 activamente afiliados al capítulo correspondiente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría (Academia Nacional de Medicina de Colombia, 2024). Un último dato del año 2025 emanado del presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, expuesto en el hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Medellín, indicaría que existen 1.473 psiquiatras en Colombia, de los cuales 150 son psiquiatras pediátricos.
Cualquiera de estas cifras, tomada con la flexibilidad razonable que exige su variación según la fuente y el año, sitúa a Colombia muy por debajo de los nueve a catorce psiquiatras por cada 100.000 habitantes que la Organización Mundial de la Salud reportaba como referencia internacional hacia 2020 (Semana, 2022). Esta escasez no se distribuye de manera uniforme en el territorio: el 80 % de los psiquiatras del país se concentra en las ciudades capitales, dejando a buena parte de la Colombia rural con un acceso prácticamente simbólico a este tipo de especialistas (Semana, 2023).
Resulta, en este contexto, particularmente llamativo que la propia ENSM 2025 reporte una oportunidad de atención en menos de una semana más alta en zonas rurales (45,4 %) que en zonas urbanas (30,7 %), un hallazgo que los investigadores atribuyen a procesos de descentralización y modalidades extramurales de atención. Esta explicación es plausible y no debe descartarse, dado que la salud mental, a diferencia de la psiquiatría especializada, puede atenderse en una primera instancia mediante profesionales de psicología, enfermería o medicina general bajo modelos de atención primaria. Sin embargo, esta misma explicación amerita ser sometida a un análisis más detallado en futuras publicaciones técnicas de la encuesta, dado que contradice de manera importante la experiencia documentada por gremios médicos y por la literatura sobre desigualdad territorial en el acceso a especialistas en salud mental.
No es lo mismo la atención por un profesional que no tiene la formación idónea para atender a un usuario a que este sea atendido en verdad por un profesional con la experticia y la formación adecuada para el manejo de las personas que tienen afecciones de salud mental, en especial porque sin demeritar, pero tampoco sin hacer demasiada hermenéutica, a muchos profesionales de la Atención Primaria en Salud no se les exige la formación en salud mental como la MhGAP de la OMS o similares. No se hace como por ejemplo si se exige la formación en RCP básica y avanzada para trabajar en servicios de urgencias. Así las cosas, no es lo mismo hacer una entrevista clínica normal a una entrevista en salud mental, porque los objetivos son diferentes. Casi que sería como permitir que un abogado litigante atienda un caso penal, disciplinario o fiscal, en este caso si no conoce la rigurosidad de la materia seguramente el litigante hará su mayor esfuerzo con las generalidades de la profesión, pero jamás dará una defensa técnica del caso. Así mismo, sucede con el médico, el psicólogo o la enfermera que no cuentan con la formación pertinente para dar esa atención específica en salud mental que requieren los usuarios en las comunidades.
Ahora, que, si esto se midió fue por percepción de los usuarios, es más complejo aun ya que un usuario no está en la capacidad ni la obligación de establecer que atención si es o no pertinente en salud mental. No se puede generalizar esas atenciones como si fueran las adecuadas para la realidad del país ya que al hacerse pudiera esto convertirse en una falacia o una atención que más allá de ser la adecuada puede convertirse en una falsa atención.
Finalmente, es menester hacer claridad igualmente que esta situación también se pude deber al esfuerzo realizado por el gobierno nacional referente a los equipos básicos de atención que se aperturaron en algunas regiones y municipios y que han brindado acceso a algunos servicios de manera extramural, pero se puede seguir en la misma falacia puesto que estos programas no son continuos y no evidencian una verdadera realidad de los territorios, sino que muestran es una foto en el tiempo luego de una intervención, pero que el verdadero panorama es distinto y que probablemente la encuesta nacional de salud mental pasó desapercibido. Asi las cosas este pudiera ser un sesgo que de no analizarse a profundidad pudiera estar dando un resultado inadecuado o poco fiable respecto a las realidades en salud mental del país.
4. Las condiciones de los psicólogos: la primera línea de atención que el país no remunera acorde a su necesidad
Otro elemento que merece atención en esta lectura crítica es la situación laboral y salarial de los psicólogos colombianos, quienes constituyen, en la práctica, la primera línea de atención en salud mental para la inmensa mayoría de la población que no tiene acceso directo a un psiquiatra. Diversas fuentes consultadas en 2024 y 2025 coinciden en que el salario promedio de un psicólogo en Colombia se ubica entre 1,7 y 2,2 millones de pesos mensuales, con salarios de ingreso que en algunos casos no superan significativamente el salario mínimo legal vigente (Pulzo, 2024; Carreras Universitarias, 2025). Distintos análisis periodísticos sobre las profesiones peor remuneradas en Colombia han incluido de manera reiterada a la psicología dentro de ese listado, a pesar de tratarse de una disciplina con alta demanda social y una de las más solicitadas precisamente en los contextos de crisis de salud mental que este artículo y los anteriores de esta serie han documentado (La Patria, 2025).
Esta combinación, alta demanda social documentada por la propia ENSM 2025 en sus hallazgos sobre ideación suicida, trastornos emocionales y trastorno por consumo de sustancias, frente a una remuneración que numerosas fuentes describen como insuficiente, plantea una pregunta legítima sobre la sostenibilidad de cualquier sistema que pretenda ofrecer atención oportuna y continua en salud mental a gran escala. Si la primera línea de atención está compuesta por profesionales con condiciones laborales precarias, alta rotación y, según reportes gremiales, niveles significativos de desgaste profesional, resulta razonable preguntarse si las cifras de oportunidad y continuidad reportadas por la encuesta logran capturar plenamente la experiencia de sostenibilidad del tratamiento a mediano y largo plazo, más allá del primer contacto inicial con el sistema.
5. Posibles explicaciones metodológicas: por qué ambas cifras podrían coexistir sin contradecirse del todo
Es importante, en honor al rigor académico que este artículo reclama para sí mismo, explorar las razones metodológicas por las cuales ambas fuentes de evidencia podrían no ser, en sentido estricto, contradictorias, sino que estarían midiendo fenómenos parcialmente distintos.
En primer lugar, la ENSM 2025 mide la experiencia auto reportada de quienes efectivamente accedieron a algún tipo de atención en salud mental, lo cual excluye, por definición metodológica, a las personas que buscaron atención y no la obtuvieron en absoluto, o que desistieron del proceso antes de conseguir una cita. Si la población que más dificultades enfrenta para acceder al sistema es, precisamente, la que nunca logra ingresar al numerador de “personas atendidas”, la encuesta podría estar describiendo con precisión la experiencia de quienes lograron entrar al sistema, sin capturar la experiencia de quienes quedaron fuera de él, que es, en cambio, la población que con mayor probabilidad termina acudiendo a la acción de tutela.
En segundo lugar, las tutelas por salud en Colombia no se concentran exclusivamente en salud mental, sino que abarcan la totalidad del sistema de salud, con las enfermedades del sistema circulatorio, las afecciones osteomusculares y las enfermedades de alta complejidad como el cáncer ocupando un lugar destacado entre los diagnósticos más tutelados (Defensoría del Pueblo, 2026). Es metodológicamente posible que la salud mental, sin dejar de presentar fallas reales de oportunidad, no sea el componente que más contribuye a la cifra agregada de más de un millón de tutelas, aun cuando la propia Defensoría reconoce la presencia relevante de trastornos mentales como la ansiedad, el autismo y la depresión dentro de esos diagnósticos (Defensoría del Pueblo, 2026).
Estas explicaciones metodológicas, sin embargo, no disuelven por completo la tensión planteada en este artículo. Aun reconociendo que ambas fuentes miden poblaciones y fenómenos parcialmente distintos, la magnitud de la escasez de psiquiatras documentada por los gremios médicos, las condiciones salariales precarias de los psicólogos y el crecimiento sostenido de la litigiosidad en salud durante exactamente el mismo periodo en que se realizó la ENSM 2025 constituyen, como mínimo, motivo suficiente para que la comunidad académica y las autoridades de salud sometan estos hallazgos específicos de oportunidad y continuidad a un escrutinio adicional, posiblemente mediante estudios de verificación cruzada con registros administrativos de citas efectivamente otorgadas y tiempos de espera reales documentados por las propias EPS e IPS del país. Peor aún, con el colapso en que viven las IPS que prestan servicios de salud mental en el país.
6. Por qué esta crítica no busca invalidar la ENSM 2025, sino fortalecer su utilidad
Conviene cerrar esta sección con una precisión que evite cualquier malentendido sobre el propósito de este artículo. La ENSM 2025 es, sin discusión, un avance metodológico significativo para Colombia, liderado por una institución académica de la seriedad de la Universidad de Antioquia y respaldado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Señalar tensiones puntuales entre algunos de sus hallazgos y otras fuentes oficiales no equivale a desacreditar el instrumento en su conjunto, del mismo modo que la existencia de zonas de sombra en cualquier estudio epidemiológico de gran escala no invalida la utilidad de sus demás hallazgos, muchos de los cuales fundamentan excelentes artículos con argumentos sólidos sobre ideación suicida, trastornos emocionales y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, entre otros.
Lo que este artículo defiende es, más bien, un principio de salud pública basado en evidencia: cuando dos fuentes oficiales y rigurosas ofrecen panoramas tan distintos sobre un mismo aspecto del sistema de salud, la respuesta institucionalmente responsable no es descartar ninguna de las dos, sino investigar activamente las razones de esa disonancia, mediante estudios de verificación adicionales que permitan reconciliar ambas miradas o, si corresponde, ajustar la interpretación de alguna de ellas.
Esa tarea de reconciliación no debería caer únicamente sobre la Universidad de Antioquia ni sobre el Ministerio de Salud, sino convertirse en un ejercicio colaborativo que incluya a la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Salud y la Asociación Colombiana de Psiquiatría, dado que cada una de estas instituciones aporta una pieza distinta, y posiblemente complementaria, del mismo rompecabezas.
Conclusión
Este artículo no pretende, ni puede pretender, resolver por sí solo la tensión que plantea entre dos fuentes oficiales de evidencia tan robustas como la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 y el diagnóstico de tutelas en salud de la Defensoría del Pueblo. Lo que sí puede afirmar, con el respaldo de los datos presentados, es que esa tensión existe, es verificable con fuentes públicas y merece ser estudiada con la misma seriedad académica que ambas instituciones han demostrado en sus respectivos diagnósticos.
Que el 40,4 % de las personas que accedieron a atención en salud mental hayan esperado menos de una semana para su primera cita, y que la continuidad de esa atención alcance un 83,1 % a nivel nacional, son cifras alentadoras que, de ser plenamente representativas de la experiencia general de la población colombiana, contradicen tanto el incremento sostenido de la judicialización del derecho a la salud como la escasez ampliamente documentada de psiquiatras en el país.
La hipótesis más razonable, a falta de un estudio de verificación cruzada específico, es que ambas fuentes capturan experiencias parcialmente distintas: la ENSM 2025 describe la experiencia de quienes lograron ingresar al sistema y ser atendidos, mientras que la litigiosidad documentada por la Defensoría refleja, en buena medida, la experiencia de quienes no lograron ese acceso por las vías ordinarias y debieron recurrir a la justicia. Pero incluso aceptando esta hipótesis como la más plausible, persiste una pregunta legítima sobre qué proporción de la población colombiana con necesidades de salud mental queda, en la práctica, fuera del universo medido por la encuesta, y si esa proporción excluida es, precisamente, la que explica el crecimiento sostenido de las tutelas y la persistente escasez de especialistas que los propios gremios médicos denuncian. O acaso ¿esto se debe a la medición o evaluación luego de la implementación de programas discontinuos como los equipos básicos de atención en salud? Pues, siendo así, esto reflejaría una realidad momentánea y parcial, pero no una realidad material y sistemática de lo que vive el país respecto a su salud mental.
Sesgo o realidad, la pregunta que da título a este artículo no admite una respuesta definitiva sin investigación adicional, y esa es, en sí misma, la conclusión más honesta que se puede ofrecer. Lo que sí parece claro es que Colombia no puede permitirse leer los hallazgos alentadores de la ENSM 2025 sobre oportunidad y continuidad sin contrastarlos, de manera sistemática e institucional, con la realidad de un país que en los últimos seis años ha interpuesto más de un millón de tutelas por vulneración del derecho a la salud, que cuenta con menos de un psiquiatra y medio por cada 100.000 habitantes, y donde los psicólogos, llamados a ser la primera línea de respuesta frente a esta crisis, siguen entre las profesiones peor remuneradas del país. Reconciliar estas miradas, lejos de debilitar la salud pública colombiana, es probablemente el paso más urgente para fortalecerla.
Nota sobre recursos de apoyo
Este artículo aborda el acceso al sistema de salud mental colombiano con fines de análisis crítico y de incidencia en política pública, a partir de cifras oficiales recientemente publicadas. Si usted o alguien cercano enfrenta dificultades para acceder a una cita de salud mental, puede acudir a la línea de atención al usuario de su EPS, a la Superintendencia Nacional de Salud, o, en caso de negación de servicios, a la acción de tutela como mecanismo constitucional de protección. En caso de emergencia o riesgo inminente, puede comunicarse con la Línea de salud mental habilitadas en su ente territorial o municipio.
